La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió que:

1. Las obras que realizó la COOPI no fueron autorizadas.
2. La COOPI debió esperar la autorización del municipio y no lo hizo.
3. En función que se trata de dinero público, la municipalidad entiende que la prestataria debe restituir los montos y acreditar que la totalidad de las obras fueron realizadas con valores acordes a los precios del mercado.
4. El municipio ha ofrecido como prueba en la denuncia penal que tramita ante la Fiscalía de Primera Nominación este juicio, que da por cierto que el accionar de la COOPI ha sido irregular para determinar eventuales ilícitos.